En artículo escrito por Nicola Vasini
El 23 de noviembre de 2024, alrededor de 170,000 personas se manifestaron en el centro de Barcelona para exigir una reducción inmediata del precio de los alquileres y el derecho a una vivienda digna para todos. Las manifestaciones se extendieron después a otras ciudades españolas, como Madrid, Sevilla y Valencia. Una de las principales reivindicaciones de la sociedad civil era garantizar un acceso justo y no discriminatorio a la vivienda, un problema que afecta no sólo a los residentes extranjeros, sino también a los ciudadanos españoles pertenecientes a diferentes grupos étnicos y minorías religiosas.
Discriminación en el mercado de la vivienda
"Fui a visitar una casa y, en cuanto me vio la dueña, me preguntó: ¿de dónde eres?", cuenta Asma Nawaz, de 30 años. "Cuando le dije que era de Pakistán, le cambió la cara y terminó rápidamente la visita. Me sentí muy enfadada".
Asma pasó un año entero en Barcelona buscando un hogar estable y seguro. "Dejé una casa superpoblada donde no me sentía segura como mujer y eso afectó mucho a mi salud", continúa. "Luego viví dos meses en un sitio y tres en otro. Nunca imaginé que me encontraría en una situación así".
Maodo Kande, de 22 años, trabajador de almacén, dice que también ha sufrido discriminación al buscar alojamiento en Barcelona. "Encontrar alojamiento aquí es una locura", dice. "Te dicen que la habitación está libre, pero cuando llegas y ven el color de tu piel, de repente te dicen que ya está ocupada. ¿Cómo es posible?".
Datos de alarma en España
El estudio "¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler", publicado en 2020 por la Asociación Provivienda, revela una realidad preocupante: de 1.000 llamadas a diferentes agencias inmobiliarias de toda España, más de 70% aceptan la discriminación directa, es decir, respetar la voluntad de los propietarios de no alquilar a extranjeros. Además, 80% de los 30% restantes, aunque no aceptan la discriminación directa, están dispuestos a aceptar condiciones diferentes para los inquilinos extranjeros que para los españoles, como pedir documentación adicional, aumentar el precio del alquiler u ofrecer viviendas de menor calidad.
"Estamos ante una situación en la que sólo un porcentaje muy pequeño de las agencias inmobiliarias contactadas no practica ningún tipo de discriminación".
Lo dice Juande Gómez Montoya, de la Asociación Provivienda. "Las agencias juegan un papel central en el mercado del alquiler en España: hoy, casi todos los alquileres pasan por ellas".
No es sólo el país de origen de una persona lo que determina la discriminación, sino también los prejuicios basados en su nombre. Un estudio del Ayuntamiento de Barcelona 2020 "La llave puede ser el nombre", reveló que las personas con nombres locales españoles o catalanes tienen un 18,8% más de probabilidades de obtener respuesta de los portales inmobiliarios y, por tanto, de acceder a una vivienda que aquellas con nombres de origen árabe. "Aquí no se está valorando para nada el perfil socioeconómico de la persona que solicita una vivienda, ni la nacionalidad, sino sólo el nombre", explica Montoya. "Cuando en realidad, Mohamed puede ser tan español como Juan, y Juan puede ser tan extranjero como Mohamed".
Condiciones precarias de vivienda
Las dificultades y la urgencia por encontrar vivienda empujan a muchas personas a aceptar condiciones extremas, acabando en situaciones inseguras. "Tuve muy malas experiencias y lo pasé muy mal", dice Asma Nawaz, recordando el año que pasó buscando un hogar estable.
"Estas personas no tienen muchas opciones y luego pasa lo que pasa, que acaban en infraviviendas, en la calle o subarrendando viviendas a precios abusivos", añade David Jacue Bretón, coordinador de proyectos de Los refugiados dan la bienvenida a España. La asociación ayuda a refugiados y desplazados a encontrar una vivienda digna poniéndoles en contacto con la población local. Refugees Welcome apoyó tanto a Asma como a Maodo en su difícil búsqueda de una habitación en Barcelona.
La asociación también recogió algunas conversaciones con propietarios contactados para alquilar habitaciones en Facebook o Idealista: "Mi marido no quiere marroquíes", "¿De dónde es la persona?". Estas son solo algunas de las respuestas a la solicitud de información; estas frases reflejan una práctica generalizada, a pesar de que la discriminación residencial está prohibida por ley.
"A la hora de denunciar, es importante recopilar pruebas, como correos electrónicos y mensajes de WhatsApp", dice Juande Gómez Montoya. "Las denuncias se pueden presentar en comisaría, en el juzgado de guardia o en la oficina del consumidor, ya que la denegación de servicio es una infracción de la ley". Sin embargo, la vía legal no es fácil. Los largos trámites desaniman a mucha gente y además es un proceso doloroso", añade Montoya.
Lucha contra la discriminación residencial
Además de las denuncias individuales de los ciudadanos, el papel de las instituciones es crucial para contrarrestar la discriminación residencial. "Es fundamental que la administración pública cree departamentos específicos que informen a las víctimas de discriminación, formen al personal en esta materia y se ocupen de la aplicación de sanciones", explica Montoya. "Sin un sistema efectivo de sanciones, la sensación de impunidad acaba alimentando una mayor discriminación residencial".
Desde 2022, España cuenta con una importante herramienta legislativa en la lucha contra la discriminación residencial: la " Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación"que aborda explícitamente la cuestión del acceso a la vivienda.
Sin embargo, sin una autoridad independiente que pueda hacer cumplir la ley, ayudar a las víctimas, realizar investigaciones e imponer sanciones, es difícil garantizar su eficacia. Por eso es crucial que el Gobierno apruebe cuanto antes la creación de dicho organismo", añade Montoya.
A escala internacional, ya existen buenas prácticas en este ámbito. En Estados Unidos, por ejemplo, la Programa de Pruebas de Vivienda Justa, patrocinado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) y organizaciones de derechos civiles, emplea a examinadores formados para comprobar si los propietarios, agentes inmobiliarios e instituciones financieras cumplen las leyes de vivienda justa. En caso de infracción, los resultados de las investigaciones pueden utilizarse para iniciar procedimientos formales y, en algunos casos, dar lugar a sanciones o acciones legales.
Por último, dado que las agencias y agentes inmobiliarios representan un punto de acceso crucial al mercado de la vivienda, "es importante reformar los requisitos de formación de estos profesionales introduciendo módulos específicos sobre no discriminación e igualdad de trato". Concluye Juande Gómez Montoya, de la Provivienda.
