Escrito por Alejandra Mateo.
Cierre los ojos e imagine durante unos minutos que no se le permitiera acceder a la sanidad pública, conseguir un empleo, crear una cuenta bancaria o incluso casarse con la persona que ama porque, a ojos de la ley, usted no pertenece a ningún país. Su nación no es reconocida como tal por el país en el que vive, por lo que permanece en un limbo legal sin tener los derechos más básicos. También es muy probable que sufra discriminación o incluso persecución por hablar su lengua materna en público o por mostrar cualquier tipo de expresión cultural de su nación. Según datos del ACNUR, hay más de 10 millones de apátridas en el mundo, lo que significa que, en términos de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, ningún Estado los reconoce como nacionales por la legislación de su país.
Antes de analizar este concepto y sus implicaciones legales, mencionemos primero la diferencia entre nación y estado, ya que es clave para entender la apatridia: Mientras que un estado es una entidad política separada con fronteras geográficas definidas, una nación implica un gran conjunto de personas unidas por un patrimonio, una historia, una cultura, una nacionalidad o una lengua comunes. Los cuatro componentes fundamentales de un Estado son su territorio, su población, su administración y su soberanía. Los factores geográficos definen las fronteras de un Estado. Es independiente de todos los demás estados y tiene un sistema de gobierno único. Una vez que un grupo de personas toma el control de los comités formales de gobierno, como las leyes, las fronteras geográficas inmutables y la independencia, este grupo de personas se considera un estado (independencia política). Por lo tanto, podemos afirmar que los apátridas -aquellos que no forman parte de ningún país reconocido- tienen una nación porque comparten las mismas raíces culturales, la misma lengua y el mismo sentimiento de pertenencia a una comunidad. Sin embargo, no tienen un Estado propio del que sean ciudadanos nacionales. Aunque su estado no esté reconocido por el país en el que viven, eso no significa que sus naciones no puedan ser reconocidas como estados por los propios países (reconocimiento externo). No obstante, la UE como comunidad política no concede la ciudadanía europea a un individuo que no esté nacionalizado en otro país europeo. De este modo, aunque otros estados reconozcan la ciudadanía de los apátridas, la Unión Europea sólo los considerará ciudadanos europeos si ya forman parte de un estado, no sólo de una nación.
Los apátridas están muy expuestos a la violencia, muchos de ellos se ven obligados a emigrar a países o regiones europeas en busca de seguridad y mejores oportunidades. Para ellos, la única forma de emigrar es abandonar su país de origen de forma irregular utilizando rutas complicadas (y a menudo muy peligrosas) para cruzar las fronteras y evitar los controles migratorios, ya que no tienen derecho a poseer documentos de identidad legales ni siquiera libertad de circulación. Además, debido a esta incapacidad para viajar legalmente, muchos caen en manos de las redes de tráfico de personas, lo que aumenta su ya de por sí elevada vulnerabilidad. En la actualidad, los países con mayor número de apátridas son Costa de Marfil, Bangladesh, Myanmar, Tailandia, Letonia y Siria. En el pasado podemos encontrar casos similares con la antigua Yugoslavia, Timor Occidental, Irak y también en países africanos como Angola y Mozambique.
La apatridia se da en aquellos países que no son plenamente democráticos o en dictaduras, lo que conlleva un subsiguiente subdesarrollo de su legislación en libertades y derechos civiles.
Laura Cueto, abogada y política científica española.
Puede que ahora se pregunte, ¿qué lleva a ciertas personas a no poder disfrutar de un estatus propio?
Las principales causas se encuentran en las leyes discriminatorias, que marginan a las personas que poseen un patrimonio cultural propio, la existencia de vacíos en las leyes de nacionalidad y también los cambios de gobierno. La abogada y politóloga española Laura Cueto afirma que, en la mayoría de las situaciones, "la apatridia se produce en países que no son plenamente democráticos o en dictaduras, lo que conlleva el consiguiente subdesarrollo de su legislación en materia de libertades y derechos civiles". En este tipo de regímenes, es frecuente que los apátridas huyan de sus países de origen como consecuencia de la discriminación persistente en cuanto a su religión o etnia, ya que sus comunidades suelen ser perseguidas por las autoridades.
Nadie puede llevar una vida normal sin ser considerado ciudadano, las rutinas diarias más sencillas como llevar a los niños al colegio o ir de compras se vuelven casi imposibles de realizar... Afortunadamente, la UE cuenta con diferentes mecanismos que ofrecen protección a las personas que se encuentran atrapadas en esta vulnerable situación: La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 es la piedra angular del régimen de protección internacional de los apátridas, ya que establece algunas normas básicas sobre los derechos de los apátridas, como el empleo, la vivienda y la educación, así como el derecho a tener un documento de identidad, documentos de viaje y apoyo administrativo. Además, la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961 establece varias obligaciones para reducir y prevenir la apatridia debida a la pérdida de la nacionalidad y a otras causas. Además, existen otros instrumentos de derecho internacional que contienen disposiciones relativas a los apátridas, como la Convención sobre los Refugiados de 1951, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Sin embargo, a pesar de los múltiples instrumentos legales que podrían utilizar las autoridades europeas para mejorar la situación de los apátridas, la Unión Europea no presiona lo suficiente a los países que impiden que parte de su población se nacionalice. Como consecuencia de esta inacción permanente, los apátridas siguen siendo completamente invisibles para los países en los que viven, pero también para el mundo entero.
La situación de los palestinos
Los palestinos luchan contra la situación de no ser reconocidos como parte de un Estado dentro de Israel mientras este país sigue apoderándose progresivamente del territorio y los recursos palestinos con el apoyo de Estados Unidos. Sin embargo, tanto la UNESCO como la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como algunos Estados (incluidos los europeos) consideran a Palestina como un Estado. La falta de soberanía del Estado palestino dentro de Israel, que es un elemento esencial para obtener el derecho a la autodeterminación, convierte a los habitantes de la Franja de Gaza y Cisjordania en apátridas según el derecho internacional. En este sentido, podríamos decir que el reconocimiento de Palestina es externo pero no interno: Según la legislación israelí, los palestinos viven ilegalmente en su Estado por lo que corren el riesgo de ser detenidos y llevados a prisión por ser ilegales, no se les permite trabajar debido a su situación irregular y no pueden acceder a los servicios sociales, no pueden conducir ni poseer sus documentos de identidad. Además, la legislación israelí no permite a los palestinos entrar en el país (este permiso sólo se concede a los ciudadanos israelíes) por lo que si lo abandonan nunca podrán volver. Hoy en día, casi 2⁄3 de los palestinos se encuentran en una situación de exilio prolongado y no se respetan sus derechos fundamentales.
La solución real a la apatridia de los palestinos está lejos de encontrarse ya que el conflicto se ha prolongado durante décadas y los esfuerzos realizados por la comunidad internacional en aras de proteger a los palestinos de los ataques israelíes resultan ser muy deficientes. Algunas personas sostienen que un Estado palestino independiente y plenamente soberano a lo largo de las fronteras de 1967 sería la solución lógica para este conflicto, ya que permitiría a los palestinos cumplir su derecho a la autodeterminación y cultivar un sentimiento de identidad nacional. Sin embargo, otras personas creen que Israel debe renunciar a su ocupación de la franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este, con el objetivo de devolver los territorios que arrebató a los palestinos hace mucho tiempo. Si eso ocurriera algún día, los palestinos podrían crear su propio Estado y podrían establecer allí su residencia:Este objetivo perseguido evitaría que los palestinos fueran apátridas y carecieran de sus derechos civiles.
La situación de los saharauis
En el Sáhara Occidental, cuya población es considerada apátrida por la Comunidad Europea, la división geográfica del pueblo saharaui -a diferencia de lo que ocurre en Palestina- es un punto determinante en esta cuestión ya que parece tener un impacto muy negativo en su capacidad de resistencia a la hora de luchar por su propio Estado. Esta separación suele mermar su capacidad de respuesta ante la ocupación marroquí en su tierra: Algunos saharauis viven en los territorios ocupados, otros están en la diáspora y muchos otros viven en campos de refugiados en Argelia. Alrededor de 180.000 personas residen actualmente en estos campamentos y el Frente Polisario ha establecido el autoproclamado gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), reconocido por más de 80 países.
Los factores en juego que provocan la apatridia de la población saharaui tienen su origen en la descolonización española del territorio en 1976, una fecha clave en lo que respecta a este conflicto. Ese año, España perdió esta colonia tras la Marcha Verde que Marruecos lideró contra la zona y tras el Acuerdo Tripartito de Madrid que firmó para dividir la provincia española del Sáhara entre España, Marruecos y Mauritania. Durante aquella Marcha -se produjo una invasión y ocupación del territorio- 3000 civiles marroquíes llegaron a la provincia del Sáhara con el beneplácito de Marruecos. A pesar de que España prometió celebrar un referéndum de independencia en el territorio del Sáhara, que es también la solución histórica propuesta por la comunidad internacional -y muy especialmente las Naciones Unidas- esta consulta nunca tuvo lugar y el territorio fue entregado a Marruecos y Mauritania a través de los Acuerdos de Madrid. Ahora, como resultado de esta situación, los apátridas del Sáhara ni siquiera pueden ir a la escuela, conseguir un trabajo y acceder a la sanidad pública, así como a muchos otros derechos humanos como hablar su propio idioma en Marruecos.
Emma Lancha es una socióloga y activista afincada en Córdoba (España) que ha trabajado como voluntaria en el desierto del Sáhara con las comunidades locales para prestar ayuda humanitaria. Sostiene que "España no sólo tiene una deuda histórica con el Sáhara, sino también una deuda legal, ya que sigue administrando el territorio ante la ONU mientras nadie reconoce la ocupación marroquí". El gobierno español, que en el momento en que el Sáhara estaba bajo control español era una dictadura militar, no defendió al pueblo saharaui tras la descolonización. Afirma que "no hubo ningún esfuerzo dirigido a proteger los derechos de la población saharaui y a preservar su libertad como nación".
En la actualidad, la Comunidad Europea no se esfuerza en mejorar su situación jurídica porque, como afirma Lancha, "existen enormes intereses económicos y comerciales en explotar los recursos del Sáhara Occidental, por lo que España siempre apoyará a Marruecos": Esta buena relación con Marruecos queda patente en los acuerdos pesqueros, ya que Marruecos es el primer exportador de pescado a España, con más de 100.000 toneladas al año. Además, el Sáhara Occidental cuenta con enormes yacimientos de fósforo y el largo conflicto también ha dado lugar a grandes ventas y compras de armas. El sociólogo subraya además el papel mostrado por Francia por ser su mayor aliado: "Francia está en el Consejo de Seguridad de la ONU y como aliado de Marruecos bloquea todo lo que se intenta hacer en el Sáhara Occidental mientras que Argelia apoya al Sáhara Occidental". De este modo, no sólo España sino también Francia coopera con Marruecos para que Francia pueda operar en el territorio del Sáhara y apoderarse de recursos muy codiciados en ese momento, como petróleo, minerales muy codiciados, etc.
